Revista Sobre la Incapacidad Laboral

No es accidente de trabajo el fallecimiento por infarto de miocardio acaecido durante el descanso nocturno.

2009-12-16T12:38:00.001+01:00

El Tribunal Supremo vuelve a reiterar doctrina, estableciendo que no es accidente de trabajo un infarto de miocardio producido durante el descanso nocturno de un trabajador que estaba “en misión”.

Efectivamente, el T.S. vuelve a dejar claro que no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo, cuando ni es propiamente desplazamiento, ni tampoco realización de la actividad laboral. No puede considerarse correcto el criterio que durante todo el desarrollo de la misión el trabajador se encuentra en tiempo y lugar de trabajo, aunque se trate de periodos ajenos a la prestación de servicios, de descanso o de actividad de carácter personal o privado.

Un descanso, que por exigencias del trabajo, ocurre fuera del ámbito privado normal del trabajador, pero que no se confunde con el tiempo de trabajo en ninguna de sus acepciones y que, por tanto, no queda comprendido en la presunción del artículo 115.3 de la LGSS; presunción que se funda en un juicio de estimación de la probabilidad de que una lesión que se produce durante el tiempo y el lugar del trabajo se deba a la actividad laboral, lo que obviamente no sucede cuando el trabajador fuera de la jornada se encuentre descansando en un hotel.

Por todo ello, cabe destacar dos aspectos que impiden atribuir naturaleza de accidente de trabajo a lo sucedido al causante. De una parte, el fallecimiento se produce fuera de horas y lugar de trabajo entendiendo por este el que circunstancialmente venga determinado por las gestiones a realizar al tratarse de un viajante, y de otra, el fallecimiento se debe a un infarto de miocardio, lo que extrae el factor causante del accidente en sentido estricto cuando no concurran hora y lugar de trabajo.

Id Cendoj: 28079140012009100810

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 1871/2008

Nº de Resolución:

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA

Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

ACCIDENTE DE TRABAJO. NO LO ES EL FALLECIMIENTO POR INFARTO DE MIOCARDIO

ACAECIDO DURANTE EL DESCANSO NOCTURNO CUANDO EL TRABAJADOR SE

ENCONTRABA "EN MISIÓN". REITERA DOCTRINA SSTS. 06/03/2007 (RCUD. 3415/2005) y

30/06/2004 (RCUD. 4211/2003).

Temas: Accidente de Trabajo, Muerte y Supervivencia.

Archivo web IL: 23

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El TEDDHH de Estrasburgo, reconoce el derecho de una mujer gitana a percibir la pensión de viudedad que se le negó

2009-12-09T10:35:00.001+01:00

09/12/2009.- El Tribunal de Derechos Humanos (DDHH) de Estrasburgo falló hoy a favor de una ciudadana española a la que la Seguridad Social negaba el cobro de la pensión de viudedad por estar casada por el rito gitano que no reconoce el Código Civil y estableció un plazo de tres meses para que el Estado indemnice a la mujer con 70.000 euros en compensación por los perjuicios generados a causa de la "discriminación" a la que fue sometida.

De este modo, la corte europea reconoció a María Luisa Muñoz Díaz, conocida como 'la Nena', el derecho a beneficiarse de una prestación que la Seguridad Social no le concedía bajo el argumento de que sólo los cónyuges pueden percibir una pensión de viudedad. En su caso, su matrimonio de más de 30 años no quedaba reconocido por partir de un enlace gitano. La mujer emprendió entonces una batalla legal por discriminación que le llevó hasta Estrasburgo.

Muñoz Díaz recurrió la decisión de la Administración ante los tribunales y en 2002 logró que un juez de Madrid dictaminase que tenía derecho recibir la ayuda y el trato que le dispensaba el Estado "constituía un trato discriminatorio por razones étnicas hacia su persona". Sin embargo, poco después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la decisión del primer juez al sentenciar "el estatus civil de la pareja no se ajustaba a la legislación".

Posteriormente, 'la Nena' presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue desestimado en 2007 "por considerar que la pareja había optado por no formalizar legalmente su unión, a pesar de haber tenido la libertad para hacerlo". No obstante, uno de los jueces que analizó el caso argumentó que "para garantizar la igualdad de las minorías étnicas eran necesarias medidas de discriminación positivas".

En opinión del magistrado, era "desproporcionado" negarle la pensión a la mujer, "teniendo en cuenta que su marido e hijos figuraban en un libro de familia, que previamente les habían reconocido la condición de familia numerosa y considerando que su esposo había cotizado durante más de 19 años a la Seguridad Social".

Por todo ello, ese mismo año la demandante presentó su caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, logrando finalmente una sentencia que, según la corte, "sentará jurisprudencia y reconoce el derecho de las minorías étnicas a ser tratadas de forma diferente para favorecer su integración social".

No existe obligación de cotizar, ni de la Entidad Gestora, ni de las Entidades Colaboradoras, tras extinción del contrato de trabajo, en situación de baja médica.

2009-11-12T09:57:00.001+01:00

La cuestión suscitada es la relativa al cálculo de la base reguladora de la Incapacidad Permanente de enfermedad común cuando va precedida de un periodo de incapacidad temporal, durante el cual se extingue el contrato, analizándose si ese periodo de IT DESEMPLO se integra con las bases mínimas de cotización o con la base sobre las que el INEM debió cotizar por desempleo.

El Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, ha llegado a la conclusión que la interpretación literal del art. 222.1 de la Ley General de la Seguridad Social, es claro al establecer la no obligación de cotizar por dichos periodos en los que el trabajador cobra la prestación de IT DESEMPLEO, en forma de pago directo, bien por la entidad gestora, o por alguna entidad colaboradora (Mutua de Accidente de Trabajo).

En estos caso, lo que si cabe, es suplir las lagunas de cotización, mediante el procedimiento establecido en el art. 140.4 de la LGSS.

PRIMERA SENTENCIA

Id Cendoj: 28079140012007101072

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 2452/2006

Nº de Resolución:

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: JOSE MARIA BOTANA LOPEZ

Tipo de Resolución: Sentencia

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SEGUNDA SENTENCIA

Id Cendoj: 28079140012009100437

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 2410/2008

Nº de Resolución:

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ

Tipo de Resolución: Sentencia

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TERCERA SENTENCIA

Id Cendoj: 28079140012007101579

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 4112/2006

Nº de Resolución:

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: BENIGNO VARELA AUTRAN

Tipo de Resolución: Sentencia

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Temas: Base Reguladora, Obligación de Cotizar, PRESTACIONES, INCAPACIDAD PERMANENTE

Archivo web IL: 22

La firma del CI es el acto final de un proceso de información

2009-10-29T09:55:00.001+01:00

La conformidad del paciente con el documento de consentimiento informado que firma antes de una intervención o acto médico es el punto final de un proceso que tiene más relevancia que la cumplimentación del escrito. Así se desprende de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid en la que se absuelve a un médico que fue demandado por una paciente por las secuelas sufridas tras una intervención de cirugía estética.

El fallo otorga gran valor al proceso de información previo entre el facultativo y la demandante y minimiza la importancia de un documento, que en el caso analizado, no fue ni siquiera firmado.

El titular del juzgado, que admite los alegatos de Javier Clastre, abogado del facultativo demandado, afirma que el documento de consentimiento informado es "la prueba objetiva y documentada de que el paciente consiente, pero ni es la única prueba de su existencia ni se agotan ahí sus exigencias".

La información recabada en las consultas puede ser más importante para motivar la decisión final sobre una intervención quirúrgica

Y es que "también es información toda la recabada y expuesta en las consultas previas a la intervención y quizá sean éstas las más interesantes en cuanto motivan la decisión final y se refieren al paciente concreto y a sus circunstancias específicas".

En el caso analizado se admite que la demandante no firmó el documento autorizando la intervención de estética, pues en el papel consta la firma de su hija. Sin embargo, éste no es obstáculo para que el juzgado considere que el proceso de información ha sido cumplido de acuerdo con las exigencias legales de la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente.

En efecto, la resolución judicial aclara que "es difícil creer que la paciente no supiese los riesgos que corría, pues no eran las primeras operaciones de cirugía estética a las que se sometía". Es más, la mamoplastia que se le realizó tenía como finalidad resolver el encapsulamiento de las prótesis que portaba, su cambio y la corrección de ciertas anomalías.

En consecuencia, la sentencia afirma que no se puede sostener que la paciente no fuera informada por el facultativo, ya que "antes de someterse a la intervención, acudió a diversas consultas con el médico", apunta el titular del juzgado.

No concurre responsabilidad por falta de información, como tampoco por negligencia del facultativo. Los especialistas que intervinieron en el proceso judicial coinciden en que las cirugías previas a las que se había sometido la paciente y su edad "limitaban los resultados de la intervención, así como su duración". Según el fallo, no hay datos que corroboren que la operación fuera incorrecta.

Fuente: diariomedico.com de 29/10/2009

Las Mutuas de Accidente de Trabajo, no tienen legitimación para impugnar ante el orden social el reconocimiento de las pensiones por Enfermedad Profesional

2009-10-22T15:05:00.001+02:00

El Tribunal Supremo, analiza la disposición adicional 1ª de la Orden de 27.12.2005, por la que se establecía que la contribución de las Mutuas de Accidente de Trabajo para hacer frente, a las prestaciones derivadas de enfermedades profesionales distintas de la incapacidad temporal, podía ser sustituida por el ingreso del capital coste correspondiente de la pensión u otra prestación económica de carácter periódico.

El Tribunal Supremo, argumente que aunque por vía reglamentaria de segundo orden, el coste de la prestación se deriva a la Mutua, esta no tiene legitimación para impugnar los actos de reconocimiento de prestaciones por el INSS, pues la entrada de la Mutua en relación a la prestación controvertida no se ajusta a las normas jurídicas.

De igual forma el Tribunal Supremo, reconoce que el legislador incurre en un fragante irregularidad e ilegalidad por una triple infracción legal:

1ª) Introduce, en perjuicio del trabajador, una responsabilidad compartida de la Mutua donde la ley

sólo contempla una responsabilidad del INSS y, excepcionalmente, por incumplimiento, del empresario, como se deduce con toda claridad de lo establecido en los artículos 68.3.b), 126.1 y 201.1 de la LGSS, pues el primero excluye a las Mutuas de la gestión las pensiones derivadas de enfermedad profesional; el segundo delimita las responsabilidades en materia de prestaciones en atención a las competencias en la gestión o en la colaboración en la gestión, y el tercero limita la obligación de abono de capitales coste por las Mutuas a las pensiones por accidente de trabajo.

2ª) Extiende la obligación de constituir capitales coste fuera de los supuestos legalmente previstos y al margen de la responsabilidad en la prestación.

3ª) Exonera a las Mutuas del cumplimiento de la obligación de la contribución a la siniestralidad en

materia de enfermedades profesionales que la ley les impone de forma imperativa y sin posibilidad de exoneración o permuta.

Por último, el Tribunal Supremo concluye que la Mutua puede combatir la decisión del INSS para excluir la aplicación del capital coste, invalidando la opción por ilegal. Pero no puede impugnar el reconocimiento de la pensión que a favor del trabajador ha hecho el único organismo competente.

Datos de la resolución:

Id Cendoj: 28079140012009100677

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 3987/2008

Nº de Resolución:

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE

Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

Legitimación activa. Mutua de Accidentes de Trabajo obligada a abonar el capital coste de la

pensión de incapacidad permanente total reconocida en virtud de la opción prevista en la disposición adicional 1ª de la Orden de 27.12.2005. No tiene legitimación para impugnar ante el orden social el reconocimiento de la pensión por el INSS.

Temas: Enfermedad Profesional, Procesal, Mutuas de Accidente.

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Archivo web IL: 21

Reconocen la jubilación a una mujer aunque no cotizara tras cuatro partos

2009-10-22T13:16:00.001+02:00

Murcia 21 de Octubre de 2009 (EFE).- Una mujer que trabajó de forma discontinua entre los años 1967 y 1976 porque en ese tiempo tuvo cuatro alumbramientos tiene derecho a la jubilación anticipada, según una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, a la que ha tenido acceso Efe.

La Sala ha revocado así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de Murcia, que en febrero de este año desestimó la reclamación de la trabajadora al considerar que le faltaban días de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

Para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en un acuerdo confirmado por el Juzgado, los periodos de 112 días posteriores a los alumbramientos "no han coincidido con situaciones de alta, cotización ni percibo de prestaciones" por lo que sólo le reconoció 824 días de cotización, frente a los 1.175 exigidos por la ley.

Frente a esta interpretación, el TSJ de Murcia afirma que el precepto de la Ley General de la Seguridad Social que regula las pensiones contributivas de jubilación ha de hacerse "de forma extensiva".

"El legislador -dice el tribunal- ha querido otorgar un derecho, anudando la situación de embarazo y parto a una realidad consistente en la dificultad o imposibilidad de trabajar que se vino produciendo en tales circunstancias".

Añade que esta interpretación está más acorde con el espíritu de la citada ley, "en orden a dar virtualidad al principio de igualdad, sin discriminación por sexo".

En contra de la interpretación hecha por el INSS y por el juez, la Sala de lo Social contabiliza 112 días posteriores a cada alumbramiento de esta mujer que trabajó en la agricultura y la conserva, con lo que se supera la cifra mínima de 1.175 días cotizados exigibles para la concesión la jubilación.

Prestación de riesgo durante la lactancia, en profesional de fisioterapeuta.

2009-10-20T14:40:00.001+02:00

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sentencia de fecha 26/01/2009, concede la prestación de riesgo durante la lactancia natural a una fisioterapeuta en turno de tarde.

En Hechos Probados figura que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, emitió informe médico sobre características del puesto de trabajo, estableciéndose como limitaciones las siguientes: Evitar o limitar exposiciones a agentes biológicos de los grupos 2,3 y 4, evitando la atención a enfermos de sospecha o probable naturaleza infecto-contagiosa, métodos correctos de trabajo en su actividad asistencial diaria, respetando las precauciones universales y utilizando epis adecuados.

En dicho informe se indicaba, igualmente, que la trabajadora manipulaba frecuentemente pesos superiores a 15 Kg., sin posibilidad de flexibilidad horaria.

La contradicción que la Sala analiza surge del hecho de que los servicios médicos de la Mutua contemplan solo la ausencia de riesgo por contacto con agentes biológicos, físicos o químicos, sin embargo el informe no tiene en cuenta que el riesgo para la lactancia no sólo puede derivar de tales posibles contactos, sino, también de las condiciones en que el puesto de trabajo se desempeña.

El en caso resuelto, la trabajadora prestaba servicios de 14 a 21 horas, sin interrupción, sin posibilidad de flexibilidad horaria, ni de pausas, a la par que manipulaba pesos superiores a 15 kilos, considerándose dichas condiciones de la prestación de servicios, las que resultaban perjudiciales para la lactancia natural, que exige una pausa cada tres o cuatro horas, no sólo para descansar, sino para que la trabajadora proceda a la extracción de la leche y su conservación; para llevar a cabo tal actividad precisa de un asiento adecuado para descansar tumbada, durante las pausas, disponer de un lugar privado para la extracción de la leche y la condiciones necesarias para su almacenamiento y conservación.

Id Cendoj: 30030340012009100449

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Sede: Murcia

Sección: 1

Nº de Recurso: 1057/2008

Nº de Resolución: 50/2009

Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ

Tipo de Resolución: Sentencia

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Archivo web IL: 20

Temas: Lactancia, prestaciones, maternidad

Prestación de riesgo por lactancia en personal sanitario.

2009-10-19T17:58:00.001+02:00

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, analiza el supuesto de una auxiliar de enfermería, que desempeña sus servicios en la planta de Cirugía del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, en turnos rotativos de mañanas, tardes y noches.

En diversos informes del Servicio de Prevención se citan riesgos genéricos al puesto de auxiliar de enfermería, e incluso en algunos apartados se citan riesgos que pueden ser comunes a todo el personal sanitario, no costando que exista un especial riesgo ni en cuanto a la carga de trabajo, ni de exposición a agentes biológicos, ni por tanto de adquisición de enfermedades contagiosas en el puesto de Auxiliar de enfermería, ni tampoco contraindicaciones de mantener la lactancia materna en el conjunto de patología infecciosa que puede ser adquirida por la madre, a excepción de la infección vírica por HIV.

El recurso se plantea por el doble motivo de revisar los Hechos Probados, y revisar la aplicación de la normativa vigente. El TSJ, sin variar los Hechos Declarados Probados, concluye que costando en hechos probados circunstancias que acreditan un evidente riesgo para la lactancia, que no tiene por qué ser especial, cuando razonablemente se aprecia su existencia, en relación con el puesto de trabajo, en defecto de cambio o adaptación, debe prosperar la pretensión, pues así resulta del art. 26.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El Tribunal, también recuerda que afectando a un lactante, se debe tener en cuenta el interés del menor, en la medida que la finalidad de la ley pretende su protección.

Por todo ello, el TSJ de Murcia, estima el Recuso de la Trabajadora, ya que media un riesgo que puede influir negativamente en la salud del lactante, pues no es sólo que la actora viene prestando servicio en turnos rotatorios sino que ello debe relacionarse con la existencia de riesgos o riesgo específico en consideración de la concretas circunstancias del puesto desempeñado, tales como la carga de trabajo, exposición a agentes biológicos y lo referente a la turnicidad.

Datos de la Sentencia

Id Cendoj: 30030340012009100234

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Sede: Murcia

Sección: 1

Nº de Recurso: 1035/2008

Nº de Resolución: 32/2009

Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: JOSE LUIS ALONSO SAURA

Tipo de Resolución: Sentencia

Archivo web IL: 19

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Nueva normativa en relación con la prestación de incapacidad temporal.

2009-10-08T09:10:00.001+02:00

El martes 29 de septiembre de 2009, el BOE publicaba el Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal.

Entre las materias desarrolladas se encuentran las siguientes:

Plazo máximo de duración de I.T. de doce meses: Una vez agotada la duración de la incapacidad temporal de doce meses, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa, determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente o emitir el alta médica.

Pago delegado realizado por las empresas: La colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación económica por incapacidad temporal cesará el último día del mes en que la entidad gestora competente haya dictado la resolución en la que se declare expresamente la prórroga de dicha situación o la iniciación de un expediente de incapacidad permanente.

Procedimiento de disconformidad con el alta médica emitida por las entidades gestoras o colaboradoras: El trabajador después de recibir el alta médica podrá manifestar su disconformidad en el plazo máximo de los cuatro días naturales siguientes a la notificación de la resolución. El interesado que inicie el procedimiento de disconformidad, lo comunicará a la empresa en el mismo día en que presente dicha disconformidad o en el siguiente día hábil. Tras dicho procedimiento la entidad gestora se podrá pronunciar confirmando el alta, declarando sin efectos el nuevo alta, o estableciendo una nueva fecha de alta, si el trabajador ha sanado durante la tramitación de la impugnación del alta. Cuando la entidad gestora competente confirme el alta médica o establezca una nueva fecha de extinción de la situación de incapacidad temporal, se considerarán indebidamente percibidas las prestaciones económicas de la incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, que se hubieren abonado al interesado a partir de la fecha establecida en la resolución. Las resoluciones emitidas por la entidad gestora, tendrá el mismo valor que las resoluciones emitidas tras una reclamación previa, a efectos de cumplimiento del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Enfermedad profesional: Se establece una reducción del 50 por ciento en las aportaciones empresariales por contingencia común, en los casos en los que el trabajador que haya sido diagnosticado de enfermedad profesional, en un grado que no de origen a prestación económica, y sea trasladado a un puesto de trabajo alternativo, o sea contratado por una nueva empresa.

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Archivo web IL: 18

Temas: Seguridad Social, Incapacidad Temporal, Enfermedad Profesional, Alta, Prestaciones

Bruselas propone que cualquiera de los padres pueda beneficiarse del permiso parental del otro durante tres meses

2009-07-31T08:39:00.001+02:00

(Europa Press 31/07/2009).-La Comisión Europea adoptó hoy una directiva en la que propone que cualquiera de los dos progenitores puedan beneficiarse del derecho de permiso por maternidad o paternidad correspondiente al otro durante tres meses y, asimismo, propone elevar de tres a cuatro meses este derecho, tanto para madres como para padres. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo tienen que dar ahora su visto bueno a la propuesta.

El objetivo de la propuesta de directiva es dar "efecto legal" al acuerdo marco revisado sobre derecho al permiso parental que suscribieron los principales agentes sociales europeos -BusinessEurope; la patronal de las Pequeñas y Medianas Empresas UEAPME; el Centro Europeo de Empresas de Participación Pública (CEEP) y la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC)-- el pasado 18 de junio en sustitución del acuerdo previo que alcanzaron en diciembre de 1995.

Este acuerdo marco revisado amplía a todos los trabajadores --hombres y mujeres-- el derecho individual al permiso parental de tres a cuatro meses e introduce varias mejoras y clarificaciones para poder ejercer este derecho.

En este sentido, los trabajadores tendrán garantizado que no podrán ser discriminados a la hora de reclamar este derecho y, asimismo, facilita su vuelta al trabajo una vez concluido su permiso, garantizándoles su derecho a pedir una mayor flexibilidad laboral con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Aunque la directiva comunitaria de 1996, que dio cobertura legal al acuerdo de los agentes sociales de 1995, ya garantiza a todo trabajador su derecho de permiso parental durante "al menos tres meses", este derecho se otorgaba "en principio" sin posibilidad de transferirlo al otro progenitor. En la práctica, no obstante, muchos Estados miembros han permitido este derecho de transferencia.

Para lucrar el derecho a la Incapacidad Temporal, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esl exigible estar al corriente de pago de las cotizaciones.

2009-07-22T13:06:00.001+02:00

El T.S. unifica doctrina, aplicando el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que es exigible, en el caso de trabajadores del RETA estar al corriente del pago de cotizaciones, para lucrar el derecho a la incapacidad temporal.

Ahora bien, lo relevante, es que el trabajador autónomo esté al corriente de pago, en el momento de solicitar la prestación, aunque la regularización se produzca con posterioridad a la baja médica.

De esta manera, se asocia el pago voluntario, aunque fuera de plazo, a la invitación al ingreso de cuotas debidas establecido en el artículo duodécimo del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre.

Id Cendoj: 28079140012009100326

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 1327/2008

Nº de Resolución:

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDO

Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Incapacidad temporal. Requisito de estar al

corriente en la cotización en el RETA. Es exigible. Acomoda doctrina anterior de la Sala a la nueva

redacción de la Disposición Adicional trigésima novena de la Ley General de la Seguridad Social y art.

12 del Real Decreto 1273/2003

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Archivo web IL: 17

Temas: Prestaciones, Incapacidad Temporal, Responsabilidad Empresarial, RETA

La presunción de laboralidad puede destruirse (crisis cardiaca)

2009-07-22T12:41:00.001+02:00

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aborda un caso en el que aún acreditándose que el trabajador se siente mal realizando las labores de descarga, al realizar un sobreesfuerzo en tiempo y lugar de trabajo, y estando embarcado, la presunción de laboralidad puede destruirse con prueba suficiente.

Efectivamente, se declara probado que el trabajador siempre sufre los síntomas estando trabajando y que se asocian dichos síntomas a un sobreesfuerzo, y además dichos síntomas aparecen estando el trabajador embarcado, luego aparentemente la relación con el trabajo de los episodios de ataques sufridos tienen una relación directa, próximo y decisiva.

Ahora bien, la presunción establecida en el art. 115.3 puede destruirse, tal y como realiza la parte demandada, pues la causa de la muerte no tiene relación causal con el trabajo y el fallecimiento pudo acontecer en cualquier lugar y momento, por cuanto que según resulta del informe de la autopsia el fallecimiento se debió a una obstrucción cardiaca pero ajena a cualquier elemento que tuviera que ver con el trabajo, como estrés o esfuerzo, pues se le había realizado unos días antes una prueba de electro que resulto normal, sino que fue provocada la crisis por una dolencia común y afección hepática, como es la hepatomegalia, que fue lo que provocó la hepatitis fulminante.

Por todo ellos la Sala ratifica la Sentencia del Juzgado de lo Social, declarando el accidente como de contingencia común.

Id Cendoj: 15030340012009102412

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Sede: Coruña (A)

Sección: 1

Nº de Recurso: 1388/2006

Nº de Resolución: 2701/2009

Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: PILAR YEBRA-PIMENTEL VILAR

Tipo de Resolución: Sentencia

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Archivo web IL: 16

Temas: Accidente de Trabajo, Presunción de Laboralidad, Lesiones Cardiacas, Aclaracion de Contingencia

En los casos de recaida el hecho causante de la misma ha de situarse en la fecha en que se produjo la baja inicial.

2009-07-21T12:40:00.003+02:00

Supuesto resuelto por el T.S.: Trabajador del Régimen General al que se le extingue el contrato de trabajo estando en situación de incapacidad temporal. Posteriormente es dado de alta médica sin agotar el plazo máximo y a los cuatro días inicia un nuevo proceso de baja catologada como recaída, sin haber trabajado, ni haberse inscrito como demandante de empleo. El T.S. concluye que existe derecho al subsidio, pese a la falta del alta en seguridad social en la fecha de la recaída, rectificando la doctrina anterior establecida en las sentencias de 27 de junio de 2006 y 6 de julio de 2006.

El TS recuerda su doctrina respecto a la acumulación de periodos:

a- La acumulación de periodos procede si las recaídas se deben a dolencias de la misma naturaleza.

b- a sensu contrario no procede acumular los sucesivos procesos si se trata de dolencias clínicamente diversas.

c- Aunque se trate de la misma o similar enfermedad, si entre una y otra IT media actividad laboral superior a seis meses (art. 9.1 OM 13/OCTUBRE/67) se considera legalmente que no ha habido recaída, de forma que nace un nuevo reconocimiento de incapacidad y que no se trata de prolongación del anterior.

El TS modifica su doctrina estableciendo, que tratándose de posible recaída en un mismo proceso de it (por no haberse agotado el periodo máximo de duración y por no haberse producido actividad laboral intermedia superior a seis meses - aquí establece la diferencia con la recidiva-), el hecho causante de las mismas ha de situarse en la fecha en que se produjo la baja inicial, de manera que es a esta última data a la que habrá de referirse la concurrencia de los requisitos exigibles de alta en Seguridad Social y de carencia suficiente; sin que sea válidamente argumentable la inexistencia de rentas en la fecha de la ulterior baja y la naturalez de renta sustitutoria que al subsidio corresponde, pues como con acierto se afirmaba en la sentencia de contraste - STS 05/07/00- lo que realmente se repara es la situación del trabajador, que le impide aceptar ofertas de empleo adecuadas, o simplemente trabajar.

Ahora bien el TS hace dichas afirmaciones puntualizando, que las hace vocación de generalidad para los diversos regímenes de la seguridad social, si perjuicio de admitir la posibilidad de singulares supuestos, cuya proximidad al fraude aconseje o imponga soluciones diversas de la expresada con carácter general; y sin excluir la validez de los principios de eficacia y de proporcionalidad que rigen en materia de Seguridad Social, y del rechazo de toda interpretación restrictiva de los derechos individuales, de los que habrá que hacer uso en los casos de inicial baja sin reconocimiento del subsidio por incumplimiento de los requisitos y posterior baja con reconocimiento del derecho, al cumplirse ya las exigencias del subsidio.

Id Cendoj: 28079140012009100297

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 516/2008

Nº de Resolución:

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ

Tipo de Resolución: Sentencia

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Archivo web IL: 15

Temas: IT, Recaida, Prestaciones, Carencia, Alta

Criterios de determinación de la responsabilidad en caso de Incapacidad, Muerte y Supervivencia, en Enfermedad Profesional.

2009-07-21T11:16:00.002+02:00

Se establece un nuevo sistema para determinar la Entidad responsable en el abono de las prestaciones por Enfermedad Profesional, mediante Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en materia de cálculo de capitales coste y sobre constitución por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social del capital coste correspondiente a determinadas prestaciones derivadas de enfermedades profesionales.

Los nuevos criterios de responsabilidad serán aplicables a las prestaciones económicas derivadas de EP cuyo hecho causante se haya producido a partir del 1 de enero de 2008 (no serán de aplicación estos criterios en los supuestos dde variación de cuantía, incluidos la revisión de grado, de las prestaciones causadas con efectos anteriores al 1 de enero de 2008.

Entidades responsables:

1.- Prestaciones de incapacidad permanente y lesiones permanentes no invalidantes:

1.1.- IP procedente de una situación de incapacidad temporal: Será responsable la entidad gestora o mutua que tuviera la cobertura de las contingencias profesionales en la fecha de la baja médica. En los supuestos de recaida se tendra en consideración la baja inicial.

1.2.- IP no procedente de IT: La responsabilidad será de la entidad gestora o mutua que tuviera la cobertura de las contingencias profesionales en la fecha del dictamen propuesta del EVISS.

1.3.- IP en los supuesto de alta asimilada: La responsabilidad corresponde a la entidad gestora o mutua que tuviera la cobertura de las contingencias profesionales en el momento del cese en el último puesto de trabajo en el que existia riesgo de EP que motivase la IP.

1.4.- Incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes no invalidantes: Si la baja média fuera anterior a 1 de enero de 2008, será responsable la entidad gestora. En el resto de casos, se aplican las normas anteriores.

2.- Prestaciones de muerte y supervivencia.

2.1.- Fallecimiento de trabajador en activo: La entidad que tuviera la cobertura en la fecha de fallecimiento, salvo que la misma viniera precedida de una situación de IT, en dicho caso se aplican las anteriores reglas.

2.2.- Fallecimiento de pensionista de IP o jubilación derivada de IPEP: La responsable será la entidad gestora o mutua, que conforme a las reglas anteriores , hubiese sido responsable de la prestación de IP, aun tratandose de pensión causada en un momento temporal en que las mutuas no cubrieran estas prestaciones.

2.3.- Prestaciones a tanto alzado derivadas de MS: Se abonarán directamente a los beneficiarios por la entidad gestora o mutuas responsables de las prestacioenes periódicas de muerte y supervivencia.

3- Pluriempleo y pluriactivadad.

3.1.- Pluriempleo: Se imputará a cada entidad responsable en proporción a la base de cotización del trabajador en cada empresa en que prestare sus servicios.

3.3.- Pluriactivad: Se imputará a cada entidad en función del importe de la prestación que cause en cada régimen, considerando el tope máximo de pensiones.

VER RESOLUCIÓN DE FECHA 27 DE MAYO DE 2.009

Archivo web IL: 14

Revisión de grado de una Incapacidad Permanente Parcial derivada de accidente de trabajo por agravación.

2009-07-21T09:09:00.002+02:00

La cuestión debatida en la presente sentencia es la de determinar si cuando el actor tiene reconocida una situación de Incapacidad Permanente Parcial derivada de accidente de trabajo y solicita, más tarde la revisión por agravación, pidiendo se le reconozca un grado más de incapacidad permanente, en esta caso de total, derivada de accidente de trabajo, la Sala puede conceder dicho grado de incapacidad, pero causado por enfermedad común, que no ha sido pedido ni siquiera subsidiariamente y si, se concede, se viola el principio de congruencia.

El T.S. desestima el Recurso de Casación planteado por el INSS, al entender que en el supuesto planteado, la situación inicial de invalidez y la contingencia de que se deriva ya estaban establecidas, y la cuestión litigiosa es la agravación del grado invalidante, y, al haber ya una contingencia determinada, no puede obviarse el señalar a cual de las contingencias posibles hay que atribuir - como consecuencia- las secuelas sobre las que se funda la agravación de la invalidez preestablecida.

Id Cendoj: 28079140012009100207

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 1208/2008

Procedimiento: SOCIAL

Ponente: VICTOR ELADIO FUENTES LOPEZ

Tipo de Resolución: Sentencia

Referencia web IL: 13

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TEMAS: Revisión de grado, Congruencia, Materia Procesal

Ejecutivad de las resoluciones del INSS, desde que se dictan, independientemente de la notificación al interesado

2009-06-25T22:49:00.003+02:00

Un trabajador tras agotar el plazo máximo de situación de incapacidad temporal, es valorado por el Equipo Evaluador, dictándose resolución de fecha 20 de julio de 1998, por el que se le deniega la incapacidad permanente.

Dicha resolución es notificada al trabajador el día 27 de julio de 1998, no obstante el INSS, entiende que sus resoluciones son ejecutivas y suspende el pago de la prórroga de I.T. desde el 20 de julio.

El Tribunal Supremo, considera ajustada a derecho la resolución del INSS, por varios motivos:

1. El número 3 del art. 131 bis de la LGSS, señala que los efectos de la situación de incapacidad temporal se prorrogan hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente.

2.- Este criterio se corrobora por lo dispuesto en el art. 57.1 de la Ley 30/1992 cuando dispone que los actos de la Administración ... producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

3.- La misma conclusión proclama el art. 1.1 g) del Real Decreto 1300/1995, que atribuye competencias al INSS para declarar la extinción de la prórroga de los efectos económicos de la situación de incapacidad temporal.

4- La específica situación de incapacidad temporal recogida en el párrafo segundo del número 2 del art. 131 bis de la LGSS es una situación excepcional, por lo que resulta totalmente lógico que concluya en el momento en que se resuelve lo oportuno sobre la invalidez permanente, sin necesidad de esperar a la notificación al interesado.

ID CENDOJ: 28079140012000101338
ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Social, sección 1
Nº Recurso: 2509/1999
Ponente: Juan Francisco García Sánchez
Fecha 11/07/2000
Referencia Web IL: 12

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Temas: Incapacidad Temporal, Efectos de las Resoluciones, Extinción de Prestación, Ejecutividad

La UE aprueba imponer sanciones penales a los empresarios que contraten a irregulares

2009-05-27T23:07:00.000+02:00

(Madrid 26/05/2009 Europa Press).-Los países de la UE aprobaron definitivamente una norma comunitaria que obligará a castigar con sanciones penales a los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares. Además, los Veintisiete dieron su visto bueno final a la creación de una 'tarjeta azul' para atraer a inmigrantes cualificados.
Ambas normas, que tienen como objetivo reforzar la lucha contra la inmigración ilegal favoreciendo los canales de inmigración legal, ya habían sido objeto de acuerdo político en los últimos meses y fueron ratificadas sin discusión durante la reunión de ministros de Agricultura de la UE. Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para trasladar su contenido a sus respectivas legislaciones nacionales.
Se estima que hay entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes ilegales en la UE, una cifra que aumenta constantemente debido sobre todo a la facilidad de acceso al trabajo ilegal, según la Eurocámara. Éste se concentra en sectores determinados, como la construcción, la agricultura, la limpieza, la hostelería y la restauración.
Para combatir este fenómeno, la primera de las normas aprobadas este lunes prohíbe a los empresarios dar trabajo a los inmigrantes irregulares con el objetivo de luchar contra la inmigración ilegal. Para lograrlo, fija una serie de estándares mínimos comunes sobre las sanciones y las medidas que deben aplicar los Estados miembros a los empresarios que incumplan esta prohibición.
En los casos menos graves, las sanciones para los empresarios serán multas, incluyendo el pago de los gastos de repatriación del irregular; el pago de los salarios, impuestos y cotizaciones a la seguridad social pendientes; y otras medidas administrativas como la exclusión del beneficio de subvenciones --incluidos los fondos de la UE-- durante un periodo que puede llegar a cinco años y la prohibición de participar en licitaciones públicas también durante 5 años.
Para los casos más graves, la directiva exige instaurar sanciones penales, aunque no precisa ni el importe mínimo de las multas ni de las sanciones penales y lo dejaba en manos de los Estados miembros. Los casos considerados más graves son: la reincidencia; la contratación de un gran número de irregulares; las condiciones de trabajo especialmente abusivas; las situaciones en las que el empleador sepa que el trabajador es víctima de la trata de seres humanos; o si este es menor.
Si el empresario que vulnera la norma es un subcontratista, su contratante directo será también considerado responsable. Su responsabilidad será total si se comprueba que estaba al corriente de las irregularidades de su subcontratista. Además, se publicará una lista de los empresarios que hayan infringido la directiva a petición.
Finalmente, la norma exige a los Estados miembros crear mecanismos que permitan a los irregulares denunciar a los empresarios. Algunos terceros designados por los países de la UE, como asociaciones o sindicatos, podrán también denunciar al empresario sin correr el riesgo de ser denunciados ellos mismos por ayudar a la inmigración ilegal.
Los inmigrantes en situación irregular podrán, si cooperan en los procedimientos contra su empleador, beneficiarse de un permiso de residencia temporal.
La norma exige a los Estados miembros llevar a cabo un número "suficiente" de inspecciones para detectar la presencia de irregulares en las compañías pero no fija ningún objetivo obligatorio como quería la Comisión.
Por otro lado, los Veintisiete ratificaron el acuerdo para crear una 'tarjeta azul' --a imitación de la 'green card' estadounidense-- que sirva para facilitar la entrada a la UE de inmigrantes muy cualificados y hacer frente a la escasez de mano de obra en algunos sectores. En el caso de España, podrán beneficiarse de este procedimiento los inmigrantes que cobren más de 33.000 euros brutos anuales.
Ello es así porque se considerará inmigrante altamente cualificado al trabajador extranjero que tenga estudios universitarios de al menos tres años y un nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del país en el que trabajen. Cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en determinados sectores con falta de mano de obra, este umbral puede rebajarse hasta 120%.
La posesión de la 'tarjeta azul', que tendrá un periodo de validez de entre 1 y 4 años renovable, conllevará una serie de ventajas para los inmigrantes, de las cuales la más importante es que podrán circular libremente por todo el territorio de la Unión 18 meses después de establecerse en un Estado miembro.
También se garantiza la igualdad de trato respecto a los trabajadores nacionales y se facilita la reagrupación familiar. Durante su periodo de vigencia, el inmigrante podrá regresar a su país de origen y volver a la UE sin tener que empezar de nuevo el procedimiento.

Las Mutuas no están facultadas para la extinción de la prestación de incapacidad temporal de trabajador afiliado al RETA.

2009-05-07T10:57:00.002+02:00

El caso planteado es la extinción del subsidio por incapacidad temporal por actuación fraudulenta probada en autos, al realizar actividades laborales incompatibles con su proceso de baja.

El demandante postula que se deje sin efecto el acuerdo de la Mutua que declara la extinción del subsidio de incapacidad temporal. La demanda fue estimada por Sentencia del Juzgado que declaró el derecho del demandante a seguir percibiendo la prestación de incapacidad temporal. Posteriormente la Sala de lo Social del TSJ, estimó el recurso de la Mutua a la que absolvió de las pretensiones deducidas en su contra.

El argumento defendido por la parte actora es que tratándose de una sanción la Mutua carece de facultades para decretarla, pues la imposición de sanciones está reservada a la competencia de las Entidades Gestoras.

El debate de fondo consistía en decidir si entre las facultades reservadas a las Mutuas por el art. 132 LGSS, están comprendidas las de imposición de sanciones.

El art 48.4 de la LISOS refiere que la imposición de sanciones por infracciones graves de los trabajadores en materia de Seguridad Social corresponde a la entidad gestora de la Seguridad Social, por lo que se concluye que estando ante una actividad sancionadora la competencia incumbe a la Entidad Gestora y no a las Mutuas Patronales.

Id Cendoj: 28079140012007101265

Órgano: Tribunal Supremo, Sala de lo Social

Nº Recurso: 647/2007

Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido

Fecha: 05/11/2007

Referencia web IL: 11

VER SENTENCIA INTEGRA

TEMAS: RETA, Incapacidad Temporal, Poder Sancionador, Actuacion Fraudulenta, Prestaciones IT, Suspension de Prestaciones

Improcedencia de los intereses de mora en prestaciones de incapacidad temporal

2009-05-06T16:13:00.002+02:00

El tema debatido es si cabe imponer intereses de mora en el caso de prestaciones de incapacidad temporal.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llega a la conclusión de que no es posible su imposición toda vez que la prestación por incapacidad temporal, no tiene carácter salarial y en consecuencia no es de aplicación el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, no cabiendo extender los intereses allí regulados a las prestaciones de Seguridad Social.

ID CENDOJ: 28079340032005100838

Órgano: Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Nº de Recurso: 1986/2005

Nº de Resolución: 569/2005

Ponente: Emilia Ruiz Jarabo Quemada

Fecha: 23/05/2005

Referencia Web IL: 10

VER SENTENCIA

Temas: Incapacidad Temporal, Intereses de Mora

Revisión de grado de una I.P.Parcial derivada de Accidente de Trabajo. Es procedente la revisión pero declarando la contingencia común.

2009-05-05T12:55:00.002+02:00

Es supuesto parte de un trabajador declarado afecto a una incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo, solicitando expediente de agravación. En vía administrativa no se concede la agravación, al igual que en primera instancia.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara al trabajador en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, con causa en enfermedad común.

La cuestión debatida es la de determinar si cuando el actor tiene reconocida una situación de Incapacidad Permanente Parcial derivada de accidente de trabajo y solicita, más tarde la revisión por agravación, pidiendo se reconozca un grado más de incapacidad permanente, es este caso total, derivada de accidente de trabajo, la Sala puede conceder dicho grado de incapacidad, pero causado por enfermedad común, que no ha sido pedida ni siquiera subsidiariamente y si, se concede, se viola el principio de congruencia.

El T.S. resuelva aplicando la doctrina de la "apreciación conjunta" de secuelas, pues el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación que ha de ser valorada globalmente.

En el supuesto estudiado, la situación inicial de invalidez y la contingencia de que se deriva ya estaban establecidas, y la cuestión litigiosa es la agravación del grado invalidante, y, al haber ya una contingencia determinada, no puede obviarse el señalar a cuál de las contingencias posibles hay que atribuir- como consecuencia- las secuelas sobre las que se funda la agravión de invalidez preestablecida.

Por tanto, se ha de concluir, que la Sentencia combatida no incurre en incongruencia y no existe infracción por interpretación errónea del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (hoy 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero).

Id Cendoj: 28079140012009100207

órgano: Tribunal Supremo

Nº Recurso: 1208/2008

Ponente: Victor Eladio Fuentes López

Fecha: 24/03/2009

Referencia web IL: 9

VER SENTENCIA

Temas: Revisión de Grado, Cambio de Contingencia, Congruencia, Materia Procesal, Apreciación Conjunta de incapacidades

Renovación de prótesis como consecuencia de un accidente de trabajo. Organismo responsable

2009-05-04T10:44:00.002+02:00

Se estudia la entidad competente para el abono de los gastos generados por una renovación de prótesis.

En el caso estudiado hasta el año 2004 el Departamento de Sanidad del País Vasco venía abonando al actor la renovación de calzado ortopédico que debe utilizar como consecuencia de la deformidad en el miembro inferior izquierdo originada por un accidente de trabajo.

Tanto la Sentencia de Instancia como el Tribunal Superior del País Vasco absolvían al Departamento de Sanidad Vasco, obligando al INSS a abonar dicha prestación.

Aunque resulta pacífico que la responsabilidad última del abono de la renovación de prótesis en litigio siempre viene a recaer en el INSS, se discute si la responsabilidad directa e inmediata de esta obligación protectora debe asumirla el Gobierno Vasco, o por el contrario, el INSS.

La sentencia del TS, se pronuncia a favor del abono directo por el INSS; en efecto, la provisión de una prótesis a consecuencia de un accidente de trabajo no entraña una propia y verdadera asistencia sanitaria en sentido estricto, por más que pueda ser un complemento de la misma, ni tampoco, se encuentra en el marco de la atención farmacéutica o de la atención recuperadora que tiende a una rehabilitación de la persona enferma. La atención ortoprotésica se erige en una modalidad de protección complementaria que provee a la persona enferma o accidentada de un elemento sustitutorio de otro orgánico o funcional que le permite el restablecimiento del mayor grado de normalidad en el desarrollo de sus capacidades físicas o intelectivas.

Por todo ello, la renovación de prótesis como la de autos corresponde al INSS, pese haberse transferido a la Comunidad Autónoma competencias en materia de prestaciones sanitarias, farmacéuticas y reparadoras.

Id Cendoj: 28079140012009100140

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Nº de Recurso: 1269/2008

Ponente: Victor Eladio Fuentes López

Fecha: 10/03/2009

Referencia Web IL: 8

ENLACE A LA SENTENCIA

Temas: Prestación Sanitaria, Responsabilidad de Prestaciones, Prótesis, Prestación Farmacéutica, Prestación Reparadora.

Asistencia Sanaitaria para españolaes de origen retornados o que se desplacen temporalmente al territorio nacional

2009-05-04T09:23:00.003+02:00

Resolución de 6 de abril de 2009, conjunta de la Dirección General de Emigración y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 25 de febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y para pensionistas y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al territorio nacional.

Se exceptúa de la obligación de presentar el certificado emitido por la institución de Seguridad Social competente en el país de origen, acreditativo de que no procede la exportación del derecho a la prestación de asistencia sanitaria, a los españoles de origen procedentes de Estados Unidos y Suiza, en algunos supuestos.

BOE: 4/05/2009

Referencia web IL: 7

VER RELUCIÓN 06/04/2009

Temas: Asistencia Sanitaria, Retornados

Vinculación entre la deducción de pago delegado y la presentación del parte de accidente laboral

2009-04-29T11:52:00.002+02:00

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo 23 la obligación empresarial de elaborar y conservar la documentación correspondiente a la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

La falta de notificación por la empresa de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales está tipificada como falta administrativa leve (sanción de 30.05 a 1.502,53 €) o grave (sanción de 1.502,54 a 30.050, 61 €) en los art. 11.2 y 12.3 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 5/2000, de 4 de agosto, según la calificación del accidente sea leve, grave, muy grave o mortal.

El art. 60 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004, de 11 de junio), regula la compensación y deducción en los documentos de cotización. En dicho artículo se establece que los sujetos responsables del pago podrán compensar en los documentos de cotización el importe de las prestaciones abonadas en virtud de la Colaboración Obligatoria de la Seguridad Social, con el de las cuotas debidas que correspondan al mismo periodo.

Dicho derecho se condiciona a que no concurra ninguna causa que suponga la pérdida del derecho, como puede ser la comisión de una infracción leve o grave (no presentación de parte de accidente).

Vulneración del derecho a la intimidad personal por acceso a informes médicos

2009-04-27T16:44:00.002+02:00

La Secretaría General de la Consejería de Educación de Galicia, acuerda iniciar de oficio el procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio del recurrente amparado. En el curso de este procedimiento, que exige la valoración de la capacidad física y psíquica del interesado por el EVI, el Equipo de Evaluación emite informe en el que comunica que no pudo ser realizado el reconocimiento médico del interesado por incomparecencia. No obstante la Consejería de Educación emite resolución administrativa que jubila por incapacidad a un funcionario público con apoyo en dos informes médicos sobre su salud psíquica que formaban parte de su historia clínica con cobertura legal insuficiente y sin justificar su incorporación en el expediente.

El T.C. entiende que se produce la vulneración al derecho a la intimidad (artículo 18.1 CE), por haberse vulnerado el derecho a la confidencialidad de la historia clínica, al haber utilizado la Consejería dos informes médicos privados que formaban parte de su historia clínica para proceder a su jubilación por incapacidad permanente. El derecho a la intimidad queda así relevantemente afectado cuando, sin consentimiento del paciente, se accede a datos relativos a su salud o a informes relativos a la misma.

Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2009

Fecha: 23 de marzo de 2009

Recurso de amparo: 2826-2004

Ponente: María Emilia Casas Baamonde

Referencia web IL: 6

VER TEXTO INTEGRO DE LA SENTENCIA

El TS reconoce a una mujer una pensión por la muerte de su padre al que cuidaba

2009-04-27T11:53:00.002+02:00

(Agencia EFE 24/04/2009).- El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho a cobrar una pensión a una mujer por la muerte de su padre, un pensionista al que cuidó durante años y que le ayudaba económicamente tras quedar en difícil situación para mantener a sus dos hijos después de que su marido abandonara el domicilio familiar.

Así lo ha acordado en una sentencia, en la que desestima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que confirmó la decisión de un juzgado de Badajoz de declarar que E.G. tenía derecho a una pensión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Según explica la sentencia, la mujer desde 1988 cuidó de sus padres, mayores y enfermos, y se mantuvo gracias a la pensión que cobraba su padre, que murió en 1994 mientras que la madre falleció en 1998.

Su marido abandonó el hogar familiar en mayo de 1993 y en 1994 solicitó la separación y al morir su padre reclamó tal prestación, a la que habitualmente tienen derecho los viudos o viudas y huérfanos menores de edad.

El TS determina que tienen derecho a dicha prestación los familiares del fallecido (en este caso una hija mayor), casados, pero en situación de separación de hecho, que convivieron con él en el domicilio de éste, "con dedicación prolongada a su cuidado y manteniéndose a sus expensas sin percibir pensión de su cónyuge".

Según recuerda, el TSJEX utilizó como fundamental argumento para decidirse por la concesión de la prestación el hecho de que la mujer pese a que en la fecha del fallecimiento del padre aún no estaba separada legalmente, sino meramente de hecho, había formulado, sin embargo, demanda para conseguir la separación legal, que obtuvo un año después.

No existe obligación de integrar lagunas de cotización en contratos a tiempo parcial

2009-04-24T11:24:00.001+02:00

La cuestión litigiosa planteada y resuelta en esta sentencia se refiere a la determinación de la base reguladora de la prestación por incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común,en un supuesto de un trabajador que cotizó a tiempo parcial durante la última parte del periodo tomado en consideración. La Sala, aplicando doctrina previa, estima que no cabe admitir que en este caso se dé una verdadera situación de laguna de cotización, antes al contrario, considera que concurre una auténtica cotización, si bien adecuada a la naturaleza del contrato del actor, por lo que no resulta necesario integrar las eventuales lagunas de cotización creadas como consecuencia de la cotización a tiempo parcial, por las bases mínimas prorrateadas en función del tiempo necesario para entender cotizado el período a tiempo completo, creando así la ficción de convertir las cotizaciones efectuadas a tiempo parcial en cotizaciones a tiempo completo. Concluye con ello la sentencia que no pueden computarse los períodos de inactividad durante un contrato a tiempo parcial conforme a las bases mínimas de cotización, puesto que en ese tiempo no hubo retribución ni debió haberla.

La Sentencia Encuentra Respaldo en la Sentencia del Tribunal Constitucional, cuando declara que el “ principio de contributividad que informa nuestro sistema de Seguridad Social justifica sin duda que el legisladro establezca que las bases reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social se calculen en función de lo efectivamente cotizado, de donde resultará, lógicamente, una prestación de cuantía inferior para los trabajadores contratados a tiempo parcial, por comparación con los trabajadores que desempeñen el mismos trabajo a jornada completa”. Lo que reprueba el TC en esa resolución es que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial en cuanto al cumplimiento del requisito de carencia para el acceso a las prestaciones contributivas de Seguridad Social.

Id Cendoj: 28079140012009100134 -- STS 1215/2009

Tipo órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Municipio: Madrid -- Sección: 1

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ

Nº Recurso: 347/2008 -- Fecha resolución: 10/03/2009

Tipo resolución: Sentencia

Referencia web AEIL: 2

ENLACE:

Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas

2009-04-24T11:20:00.001+02:00

Real Decreto 359/2009, del 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.

Se modifica el procedimiento de reintegro de prestaciones de Seguridad Social. El reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas podrá efectuarse mediante descuento de la cuantía que deba abonarse como primer pago al reconocerse la nueva prestación, cuando se trate de prestaciones incompatibles y siempre que ambas estén comprendidas en la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

BOE N. 88

Publicación: Viernes 10 de abril de 2009

Archivo: 5

ENLACE REAL DECRETO 359/2009

ENLACE REAL DECRETO 148/1996

Propocionalidad en abono de pensión por infracotizacion empresarial en contingencia común

2009-04-23T23:19:00.001+02:00

Pensión de Invalidez Permanente Absoluta. Responsabilidad empresarial. Infracotización que influye en el importe de la Pensión. Criterio de proporcionalidad.

El caso planteado es el de una trabajadora dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que por error durante el periodo del 11/06/1993 al 01/05/1997 no cotizó. Esta falta de cotización tiene dos efectos. El primero en cuanto a la carencia, pues a la trabajadora le faltan 13 días para acceder a la carencia necesaria para lucrar una prestación por Incapacidad Permanente Absoluta. El segundo efecto, es en cuanto a la base reguladora, pues el INSS sustituye la falta de cotización con bases mínimas reduciendo sensiblemente el importe de la misma.

Por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, se condena al INSS/TGSS a abonar el 100 % de la prestación, motivando que la ausencia de 13 días de carencia no pueden despegar el desproporcionado efecto de imputar al Ministerio de Educación y Cultura una responsabilidad del pago íntegro de la prestación. De igual forma, resuelve la diferencia de base, obligando al INSS/TGSS a abonar la prestación supliendo las faltas de cotización.

El TS. casa y anula la Sentencia del TSJ, estableciendo la responsabilidad del INSS, y del Ministerio de Cultura, en proporción al incumplimiento.

Id Cendoj: 28079140012009100147 -- STS 1472/2009

Tipo órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Municipio: Madrid -- Sección: 1

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA

Nº Recurso: 4016/2007 -- Fecha resolución: 10/03/2009

Tipo resolución: Sentencia

Referencia web AEIL: 1

Enlace:

Prestaciones económicas del sistema de la seguridad social por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y lactancia.

2009-04-23T17:54:00.003+02:00

Por Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, se ha modificado el sistema de la seguridad social en materia de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo. Entre las principales novedades se encuentran:

1- Se concreta las condiciones para acceder a los diferentes derechos para las trabajadoras autónomas.

2- Se faculta a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, para la declaración, denegación, suspensión, anulación y declaración del derecho al subsidio.

3- Se regula un subsidio no contributivo de maternidad, consistente en 45 días naturales a contar desde el parto, siempre y cuando reúne todos los requisitos menos el de carencia.

4- Regula diferentes situaciones entre el disfrute de la prestación de maternidad y de paternidad y su coordinación con las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo.

VER TEXTO DEL REAL DECRETO

Gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria

2009-04-23T11:54:00.000+02:00

Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, por la que se establece la compensación de gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas.

Mediante Orden TIN/971/2009, el Ministerio de Trabajo colma una larga laguna jurídica que hasta la fecha perjudicaba a los trabajadores.

Hasta la fecha, no existía ninguna norma que obligará a las Mutuas a abonar los gastos por transporte no sanitarios a aquellos trabajadores que acudían a consulta médica. Con esta nueva norma, surge la obligación de abono, tanto para los desplazamientos para visitas médicas ocasionas como consecuencia de un accidente de trabajo, como para aquellos desplazamientos ocasionados como consecuencias de las visitas médicas en cumplimiento del control de las Mutuas de Accidente de Trabajo, de los procesos de baja por contingencia común.

En el caso de uso de taxis,el requisito para lucrar la devolución de los gastos ocasionados, es que dicho transporte sea autorizado previamente por el médico asistencial.

La norma se remite a posteriores instrucciones para desarrollar lo previsto en la orden (precio por kilometraje en caso de desplazamiento en medio de transporte privado, ...)

VER ORDEN: http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE-A-2009-6612.pdf

Servicios Jurídicos

2009-04-01T14:52:00.002+02:00

Nuestros amplio equipo jurídico, tiene una gran experiencia, pudiendo afrontar con garantías de éxito cualquie acción judIcial; en especial todos los problemas relativos a pensiones de la Seguridad Social, accidentes de trabajo, falta de medidas de seguridad, o temas relacionados con las bajas médicas de los Servicios Públicos de Salud o las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

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Quiénes somos

2009-04-01T14:50:00.002+02:00

La Revista Sobre la Incapacidad Laboral, es una iniciativa más de La Agrupación de Afectados de Errores y Negligencias Judiciales que se formó en el año 1998 aglutinando a asociaciones y colectivos de diversa índole, que representaban a afectados por decisiones irregulares de juzgados y tribunales. También la componen afectados de negligencias médicas, y de negligencias de las administraciones públicas (muy especialmente de la Seguridad Social) y en general ciudadanos conscientes de sus derechos frente a las instituciones y organismos del estado. Ciudadanos comprometidos en divulgar un modelo de relación con el poder público, exento de miedo y servilismo, modelo que sirva de mecanismo para exigir de los servidores públicos (jueces, magistrados y funcionarios en general) responsabilidades por el ejercicio irregular de sus funciones.En todos estos años, hemos defendido multitud de causas, lográndo avances significativos.

Para la defensa de los intereses de nuestros asociados contamos con un gabinete jurídico, capaz de satisfacer las expectativas más exigentes en materias como el derecho de familia, la custodia compartida, responsabilidad patrimonial de la administración, errores judiciales o administrativos (diversos errores y negligencias de los jueces, errores en expedientes administrativas varios, así como en expedientes de incapacidad permanente en materia de seguridad social), responsabilidades médicas, y un largo etcétera, cubriendo con ello un amplio campo que cabe resumir en:

- Negligencias judiciales.
- Negligencias médicas.
- Negligencias de la administración.

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